La realidad educativa de la actualidad, como fiel reflejo de la sociedad actual, presenta una gran diversidad y heterogeneidad que exige respuestas ante algunos retos planteados: el abandono escolar prematuro, el absentismo o la necesidad de implementar recursos de apoyo y de compensación educativa.
Para ello se requieren sistemas educativos flexibles, que respeten la diversidad como un valor y que apoyen tanto a los centros como a los docentes, favoreciendo las condiciones de convivencia y promoviendo la colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa, todo lo cual se alinea con las conclusiones establecidas en la Conferencia Internacional La educación inclusiva: vía para favorecer la cohesión social, celebrada en Madrid los días 11 y 12 de marzo de 2010. En este sentido, coincidimos con Martínez Domínguez (2005) cuando defiende que en una escuela y sociedad democráticas habría que compaginar dos principios irrenunciables y complementarios: el de atención a la diversidad y el de inclusión.
El objetivo de las aulas inclusivas asegura que todo el alumnado, hasta el que ha sido etiquetado como severamente discapacitado, crónicamente disruptivo, con características especiales, superdotado o de alto riesgo, sea aceptado e incluido con pleno derecho en la comunidad escolar (Stainback y Stainback, 2007). En definitiva, es en este contexto de diversidad y de voluntad de inclusión en donde encuentran toda su razón de ser programas experimentales de aplicación en centros educativos como el que tratamos en este artículo.
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